¿Recuperar los canales de TDT o mejorar la calidad del Internet móvil?

No hay mal que por bien no venga. La anulación de nueve canales de la Televisión Digital Terrestre -concedidos a dedo en lugar de por concurso público-, ofrece al Gobierno una magnífica oportunidad para impulsar el desarrollo de la banda ancha móvil, algo que demanda este país mucho antes que la saturación audiovisual actual.

La explosión de dispositivos móviles online, con más de la mitad de la población conectada de forma permanente a través de sus smartphones y tabletas, animan a abonar el terreno en el que prosperará el desarrollo económico. La medida también atenderá la creciente demanda de conectividad de los usuarios, que a medio y largo promete aumentar de forma prodigiosa.

El Gobierno se encuentra ahora con la ocasión de anticiparse al futuro y aprovechar dicho espectro vacante para destinarlo a comunicaciones móviles. A buen seguro obtendrá pingües ingresos, ya que las compañías de telecomunicaciones presumiblemente se lanzarán a invertir en su futuro a través de la adquisición de frecuencias radioeléctricas. Y los múltiplex que hasta ahora emplean de forma indebida los canales Nitro, Xplora, La Sexta 3, Boing, Nueve, MTV, Paramount Channel, 13TV y Marca TV (y que seguirán haciéndolo durante el periodo de moratoria, posiblemente de año y medio) serían un tesoro para las empresas de telefonía, ya que permitirían extender el Internet móvil con gran eficacia y economía de recursos.

El espacio público ocupado por los referidos canales de TDT habita en bandas bajas de frecuencias, idóneas para propagar la señal celular en grandes radios con pocas antenas.

En defensa del interés público

Destinar el espectro a mejorar la conectividad móvil de alta velocidad ayudaría a evitar la brecha digital celular que actualmente padecen las zonas rurales. Que pregunten a los ciudadanos qué prefieren: ¿Más canales de TDT o mejores conexiones para sus móviles inteligentes?

También es cierto que el Gobierno también podría licitar las frecuencias en concurso público, como debió hacerlo desde el principio, aunque la necesidad de una mayor oferta televisiva de TDT no es comparable con la conveniencia de un mayor ancho de banda para el impulso de Internet en movilidad. La decisión corresponde al Gobierno, que debería valorar el interés público sin dejarse influenciar por el clamor mediático de los grupos de comunicación afectados, tan poderosos como Mediaset, Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Unidad Editorial y Vocento. Estas compañías disponen de recursos y cabeceras para defender los intereses de sus accionistas, algo que posiblemente llenará numerosas páginas de diarios y minutos de radio y televisión.

Basta con hacer zapping por la TDT para comprobar que -salvo contadas y honrosas excepciones- la oferta de contenidos de calidad resulta paupérrima, con abundancia de teletiendas, redifusiones y telebasura multiplicada hasta el hartazgo.

Para entender el contubernio de la anulación de los canales de TDT conviene volver al pasado viernes, cuando el Ejecutivo sorprendió al sector audiovisual al abordar "el cumplimiento estricto" de una sentencia del Tribunal Supremo. No podía ser de otra forma. Las decisiones judiciales están para ejecutarse, pese a quien pese, empezando por el Gabinete que preside Rajoy y continuando por los grupos mediáticos afectados.

Pero antes de valorar la actuación del último Consejo de Ministros conviene recordar que la retirada de los referidos canales tiene su origen en una decisión arbitraria e irregular. El alto tribunal entendió en noviembre de 2012 que las licencias adicionales concedidas por el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero "no respetó la Ley General de la Comunicación Audiovisual".

Caprichosa concesión

Con tan caprichosa concesión, también se dejaron fuera a "nuevos jugadores" que podrían estar interesados en la misma oferta y que se tuvieron que conformar por acudir a los tribunales en busca de amparo. Eso es lo que hizo la empresa alavesa Infraestructuras y Gestión 2002, alentada por su éxito anterior cuando logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló 37 licencias de TDT concedidas en esa comunidad a través del consabido enchufismo.

La asociación que defiende los intereses de las principales cadenas privadas, Uteca, tiene argumentos de peso para denunciar la "inseguridad jurídica sin precedentes" que sufre el colectivo por las consecuencias de la decisión promovida por el Ministerio de Industria, así como la forma en la que se ha llevado a cabo. Como era conocido, antes de que se desvelara la referida sentencia del Supremo, el departamento que dirige José Manuel Soria negoció de forma infructuosa con las cadenas de televisión una solución que permitirá liberar antes de enero de 2014 parte del espectro radioeléctrico que hasta la fecha ocupa la televisión (dividendo digital) y que necesitan las telecos para desplegar la tecnología de 4G.

Mariano Rajoy y sus ministros deberán ponderar los intereses de este país: ¿recuperar los canales de TDT que se borrarán del mapa o mejorar las telecomunicaciones móviles? Si Moncloa tiene alguna duda, sólo tiene que echar un vistazo a los países más desarrollados del mundo, donde la cuarta generación de telefonía móvil ya es una feliz realidad, mientras que en España tocará esperar hasta 2015 (o enero de 2014, como son las intenciones del ministro de Industria), para disfrutar de conexiones inalámbricas próximas a los 100 megas por segundo.

"El Economista"